Javier Diez Canseco
Hasta mediados de julio de este año, los ministros Castilla y Merino declaraban que la primera etapa del Gasoducto Andino del Sur (Gansur) sería financiada por el Estado. Pero el 28 de julio, sorpresivamente, el presidente Humala anunció que el compromiso asumido con la macrorregión sur del país se dejaría de lado para sustituirlo por una improvisación que desarma Gansur, concesionado a Kuntur, y deja todo el poder de la matriz energética gasífera en manos de las principales empresas del grupo Camisea.
¿Cómo armaron en 15 días el proyecto que liquidó el Gansur?
Primero, con el argumento de garantizar seguridad energética, plantearon licitar el tramo Malvinas-Quillabamba, exactamente el primer tramo del Gansur concesionado ya a Kuntur. ¿Tener dos operadores para un mismo tramo tiene otro objetivo que liquidar esta etapa del Gansur? Evidentemente no, más aún cuando ahora le garantizan los ingresos (dándole la garantía de red principal, GRP) al operador que gane la licitación del nuevo proyecto. ¿Quién pagará esta garantía si el concesionario no tiene suficientes ingresos? Los usuarios. Pero no importa, la idea es liquidar el Gansur.
El ministro Merino dice que ambos proyectos son complementarios. Pero ¿cuál es el sentido de otorgar GRP solo a un ducto si habría dos? Es que en la práctica solo quedará un ducto.
Segundo, para liquidar el segundo tramo del Gansur, el que va de Quillabamba a Cusco, Puno, Huancavelica, Arequipa, Moquegua y Tacna, el flamante nuevo proyecto recorrerá Quillabamba, Cusco y Puno –con dinero de las regiones y sin SNIP conocido–, sin llegar a Arequipa, Moquegua y Tacna. Y, como en el primer tramo, quien gane la licitación para el nuevo trazado tendrá GRP, que el Gansur no tiene.
Merino asegura que el Gansur sigue siendo prioritario y ambos proyectos son complementarios, que las reservas y la demanda de gas natural aseguran el financiamiento del Tramo II del Gansur. Pero ¿cómo pueden las reservas asegurar el financiamiento del segundo tramo si aún no están probadas? El argumento utilizado para negar el crédito puente a Gansur y darle viabilidad al nuevo proyecto resulta ahora que asegura el financiamiento del proyecto. El nuevo proyecto ley Nº 1396-2012-PE enviado al Congreso dice: “El proyecto de Gasoducto Andino del Sur (GAS) implica llevar gas natural de la zona de Camisea a la zona sur del país, para el desarrollo de la industria nacional, petroquímica y generación eléctrica. Hoy dicho proyecto no puede ser materializado por el actual concesionario debido a que no tiene las reservas probadas de gas natural suficiente y además no se conocen los clientes que estarían ubicados en la costa sur y que darán estabilidad económica al proyecto”.
Tercero, para acabar el Gansur, quieren construir un ducto de etano desde Pisco a Ilo, con Separadora de Gases y Petroquímica de Etano incluida. ¿No sabe Merino que para que el proyecto sea viable es necesario tener un vendedor, un transportista y un comprador del etano? No basta con enviar un proyecto de ley para desarrollar un mercado. ¿Quién es el vendedor? Camisea. ¿Ha garantizado separar el etano del gas? Si lo hace, ¿por qué trasladarlo a Ilo si ya está en Pisco? ¿A quien le interesará un etano con sobrecosto del traslado de 1.000 km?
En el colmo de la sinrazón, se está obligando a Petroperú a endeudarse por US$ 400 millones, vía emisión de bonos, para participar de un proyecto que, al día de hoy, no tiene seguro, ni vendedor, ni comprador.
¿Cómo se puede proponer semejante absurdo, enviarlo con carácter de urgencia al Congreso y esperar que se apruebe sin mayor discusión, buscando armar una espuria mayoría parlamentaria? El ministro Merino tiene la obligación de asistir al Congreso para contestar estas y muchas preguntas más. Un proyecto de ley que destruye el más ambicioso proyecto industrial y descentralista en el sur del país de las últimas décadas no puede aprobarse a la carrera. No permitamos que la improvisación y el centralismo en pro del Consorcio Camisea le cierren el paso a una macrorregión sur con desarrollo y progreso.
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