APRODEH rechaza declaraciones del Ministro Mora por considerarlas una nueva versión de amnistía encubierta

La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, rechaza las expresiones del Ministro de Defensa Daniel Mora quien declaró que el Perú debe llegar a un acuerdo político de “punto final y reconciliación” para poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas militares y policiales acusadas de cometer graves violaciones a los derechos humanos.

APRODEH considera inaceptable e inadmisible porque constituye una intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, en la búsqueda de impunidad para quienes serían responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Exigimos , que el ejecutivo cumpla con su obligación de entregar la información que tiene en su poder y que ha venido negando al sistema de justicia peruano y así garantizar su total independencia.

El tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia a señalado:

“4 (…) es del caso recordar que la jurisdicción internacional establece plantear expresamente que no pueden oponerse obstáculos procesales que tengan por propósito eximir a una persona de sus responsabilidades en graves crímenes y violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Esta afirmación se deriva, como ha sido señalado, de la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones que hubiesen sido cometidas y que estuviesen pendientes de juzgar (…)

Francisco Soberón, Director ejecutivo de APRODEH, señaló que “en los últimos años, la posibilidad de determinar responsabilidades individuales a estas graves violaciones se ha visto impedida por la nula colaboración del sector defensa con el Ministerio Público y las autoridades judiciales. La inacción del estado ha impedido que la justicia sea pronta e inmediata en todos estos años.”.

Asimismo, Soberón indicó que “el clamor de justicia es un reclamo justo en los estados democráticos y que por la experiencia en los países latinoamericanos, demuestra que este tipo de planteamientos son declarados inconstitucionales, como fue el caso de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsin en Argentina”.

Las declaraciones del ministro se dieron 3 días después del aniversario de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que justamente plantea como prioridad garantizar la justicia como un paso importante para la reconciliación nacional.