Por Jorge Agurto
Mientras la 30 Convención Minera Perumin que reúne al empresariado minero inunda los grandes medios mostrando el lado bueno de la minería el Foro Nacional de los Pueblos mostró la otra cara de la verdad, el rostro más terrible, doloroso y triste de la minería que ojalá todos los peruanos debieran conocer.
Son innumerables los testimonios de hombres y mujeres que desde diversas partes del país denuncian los devastadores impactos de la minería en el Perú que los grandes medios de información ocultan, mientras inundan los noticieros -cual campaña publicitaria- de medias verdades acerca de las excelencias de la actividad minera.
Destrucción de ecosistemas por el vertimiento de sustancias tóxicas al ambiente, contaminación de las fuentes de agua dulce, desaparición de peces en los ríos, lagunas convertidas en depósitos de relaves, destrucción de la biodiversidad.
Hay innumerables poblaciones, y en particular niños intoxicados con plomo en la sangre en niveles muy superiores a los normales y cuyas capacidades se reducen de por vida, además de otras secuelas de enfermedades, que autoridades irresponsables de Salud han ocultado en complicidad con las empresas mineras.
Para intentar vencer la defensa de las comunidades las empresas mineras promueven la división o fragmentación de las comunidades, y buscan debilitar la representación autónoma hasta encontrar “dirigentes” dóciles a sus demandas, a cambio de unos puestos de trabajo o algún dinerillo. A los dirigentes comunales que se resisten los agreden y amenazan o los persiguen policial y judicialmente.
Los innumerables testimonios expuestos en el Foro demuestran que la minería -incluso la grande, que exhibe sus credenciales de certificación ambiental- miente con descaro sobre su responsabilidad ambiental como la Southern e incumple sus compromisos como el caso de Doe Run, actualmente cerrada.
Y mienten a grandes titulares cuando evaden su responsabilidad ambiental y social en todos estos años de boom minero que enriquece a manos llenas a un puñado de empresas que aprovechan del precio del oro cuyo precio por onza ha pasado en pocos años de 600 a más de 1900, y proyecta aún subir a 2500 dólares.
Anti… ¿qué?
Los empresarios mineros, los medios acólitos y sus voceros políticos no dudan en machacar que el Perú es un país minero y que la minería es desarrollo porque atrae inversiones y crecimiento económico.
Sin embargo, el Perú es minero no en el buen sentido, porque la minería en sus estándares actuales es como una plaga que se expande e invade el territorio de las comunidades, provocando destrucción, muerte y enfermedades.
El área de las concesiones vigentes aumentó de 13 millones de Ha. a más de 24 millones del 2002 al 2011. Hay departamentos como Apurímac (54.44), Cajamarca (44.97%), Huancavelica (40.34%), La Libertad (49.6%), Moquegua (46.47%) que tienen más del 40 por ciento de su territorio concesionado y provincias y distritos enteros concesionados.
Quienes defienden sus territorios y denuncian los graves atropellos a la vida y a la dignidad de la minería son calificados y satanizados como “antimineros” como si fueran una peste antripatriota.
Pero como lo demuestran los delegados asistentes al foro ellos más que “anti” son “pro”, activos y sacrificados defensores de la vida, de las fuentes de agua, de la biodiversidad, del agro nacional, de los derechos humanos.
Las comunidades defienden su derecho a vivir en armonía con el ambiente, practicando sus costumbres ancestrales y conservando la riquísima diversidad biológica que permite él éxito de festivales gastronómicos como el de Mistura.
Las propuestas de las comunidades afectadas por la minería no son violentistas ni descabelladas, sino que responden a los más estrictos criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.
La promoción de la agrobiodiversidad, de la crianza de camélidos entra otras son propuestas que encajan perfectamente en las medidas sugeridas por organismos internacionales para enfrentar el cambio climático y reducir la vulnerabilidad de la población.
¿Quién puede oponerse a que los estudios de impacto ambiental los apruebe el Ministerio del Ambiente en lugar del Ministerio de Energía y Minas que a la vez que promueve aprueba las actividades extractivas? ¿Quién puede oponerse a un ordenamiento territorial desde abajo que optimice el uso racionalmente humano de nuestros recursos? ¿Quién puede oponerse a la explotación a cielo abierto con el uso de cianuro que destruye las fuentes de vida?
Por una Comisión de la Verdad sobre la Minería
El pedido de una “Comisión de la Verdad sobre la Minería y otras industrias extractivas” no es nuevo, pero durante el gobierno pro minero de Alan García era pedirle “peras al olmo”.
Sin embargo, con el nuevo gobierno es plausible de atenderse este pedido que permitiría evitar que existan dos versiones sobre la minería en el Perú, enfrentadas entre sí, y permitiría dilucidar el trasfondo de los numerosos conflictos socioambientales que atraviesan el país.
La gravedad de la situación amerita que el gobierno conforme una Comisión de la Verdad, que de manera imparcial ante los actores confrontados, recoja y sistematice las denuncias y entregue -en un plazo razonable- un informe sólido, contundente y veraz que permita conocer una realidad que el Perú oficial y la mayoría ciudadana ignora en su real y dramática dimensión.
Una Comisión de la Verdad permitiría dirimir si es cierto que las denuncias y protestas de las comunidades son infundadas y si la oposición obedece a que las comunidades están manipuladas o sus dirigentes son “terroristas” como a veces se les califica a los líderes comunales, sin ambages.
Una Comisión de la Verdad permitiría tomar conciencia a nivel nacional sobre la realidad de la minería en el Perú, y proponer las grandes líneas de política pública para armonizar de veras la actividad extractiva con la sostenibilidad ambiental y social.
Si el gran empresariado minero que proclama su compromiso con una “nueva minería” es serio y responsable no debería oponerse a la formación de una comisión de la verdad que contribuya a liquidar su pasado que es una dolorosa realidad presente para las comunidades afectadas por la minería.
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