El 18 de julio de 1992, un destacamento de asesinos, integrados por agentes de Inteligencia del Ejército, comandados por Santiago Martín Rivas y con la protección de la dictadura de Alberto Fujimori; ingresaron a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta (bajo protección militar desde mayo de 1991); para secuestrar, asesinar y desaparecer a nueve estudiantes y un maestro quienes estaban descansando en las viviendas universitarias.
Algunos de nuestros familiares estuvieron desaparecidos hasta julio de 1993, cuando desde la tierra donde los enterraron por tercera vez, después de quemarlos; aparecieron para señalar a sus asesinos, negándose a ser olvidados. Otros siguen desaparecidos hasta hoy; aunque los asesinos ya buscan maneras de librarse de la justicia pero no son capaces de decir en dónde los escondieron. La historia del largo trajinar de los familiares para conocer la verdad de los hechos y la ansiada justicia ha sido difícil, llena de incomprensiones, de estigmatizaciones, de abandono por parte de un Estado que, hasta hoy, decidió proteger a los asesinos para no reconocer su propia responsabilidad. Hemos sido capaces de mantenernos unidos y de contagiar nuestra necesidad de justicia a otros jóvenes, a otras organizaciones que supieron asumirla para ganarle a la prepotencia, a la impunidad, a la muerte hasta hacer respetar nuestro derecho a la justicia.
El 07 de abril del 2009, la Sala Especial de la Corte Suprema presidida por el doctor César San Martín sentenció a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por la responsabilidad como autor mediato en la comisión de los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado; y que constituyen crímenes contra la humanidad; demostrando que la voluntad de hacer justicia para las víctimas de esta violencia pasa por la independencia, el respeto y el atrevimiento de los magistrados a asumir esta responsabilidad. Esta sentencia debe ser considerada como un documento clave para arreglar las cuentas con el pasado y afirmar el espacio democrático de verdad y justicia que el Perú necesita con urgencia. A inicios del 2010, la Corte Suprema ratificó esta condena, cerrando así largos años de impunidad.
Hoy, 19 años después de este horrendo crimen, el principal responsable Alberto Fujimori, busca ya no sólo los privilegios de una cárcel dorada mandada a construir por su cómplice el gobierno aprista; mantenida con el impuesto de todos los peruanos, incluyendo los familiares; terminar sus días en su casa, gozando de su familia, en libertad; sin asumir la responsabilidad de los crímenes por los que fue sentenciado y manipulando la humanidad que hemos demostrado tener siempre.
Los familiares, activistas y agrupaciones seguimos tercos en la lucha contra toda forma de protección a los asesinos, violadores de DDHH; nuestra perseverancia es también un aporte a la construcción de nuestra democracia, del país diferente con el que todos soñamos; con respeto, con igualdad y sin impunidad. Convocamos a todos a ser parte de esta lucha, el país necesita de nuestra memoria.
NI INDULTO NI IMPUNIDAD: ASESINOS A PRISIÓN
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