¡El faenón de despedida!

Entre gallos y medianoche, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un proyecto de ley para pagarles más de 1,000 millones de dólares a los poseedores de bonos producto de la reforma agraria realizada hace 40 años por Juan Velasco Alvarado.

Según un tenedor de bono citado por la agencia de noticias Reuters, el presidente Alan García podría promulgar la norma antes de que ceda el poder el 28 de julio al mandatario electo, Ollanta Humala.

La propuesta fue sustentada anoche por el presidente de la Comisión Agraria, el congresista aprista Aníbal Huerta Díaz y se aprobó, tras un breve debate, por 11 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. La prensa fue informada de esta aprobación a través de una nota de prensa del Congreso enviada a la agencia estatal Andina. Se informó que la exoneración de la segunda votación será tramitada por la Junta de Portavoces.

La norma aprobada autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a emitir bonos soberanos hasta por el valor de los bonos de la deuda agraria actualizada, la cual se vencerá dentro de 30 años.

Se precisa que el MEF, a través de la Dirección Nacional de Endeudamiento, será el encargado de acreditar, certificar y canjear los bonos, y se agrega que los tenedores del bono tendrán hasta el 31 de diciembre del 2015 para solicitar la actualización de su deuda.

Intervinieron para apoyar la propuesta los congresistas Javier Bedoya de Vivanco (UN), Rafael Yamashiro Oré (UN), Aldo Estrada Choque (UPP), Fabiola Morales Castillo (AN) y Karina Beteta Rubín (UPP). Daniel Abugattás Majluf (GPN) planteó el archivo de la iniciativa, al señalar que genera gasto público y deja una “bomba de tiempo” al próximo gobierno. 

Fredy Otárola Peñaranda (GPN) dijo que este tema debe ser abordado por el próximo Parlamento Nacional debido a lo complejo del tema. Oswaldo Luízar Obregón (BPCD) puso observaciones a la propuesta. Lourdes Alcorta Suero (AN) lamentó que el Estado tenga que asumir deudas ocasionadas durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. 

José Carrasco Távara (PAP) solicitó información sobre la cantidad de bonos de la deuda agraria emitidos. Al respecto, la agencia Reuters señala que según los que se beneficiarían con el pago de la deuda señalan que esta ascendería a más de US$4,500 millones.

El problema es que la mayoría de dichos bonos estarían en manos de grandes grupos de poder e inversionistas extranjeros que durante todos estos años se dedicaron a comprarlos a precios irrisorios, por lo que obtendrían grandes beneficios al momento de recuperar dichos recursos del Estado.

En octubre del 2010 el Banco de Crédito del Perú interpuso una demanda judicial contra el Estado, por el pago de 3.279 bonos de la reforma agraria. Esos papeles equivaldrían a US$27 millones. Mediante un comunicado de prensa la entidad financiera informó en esa fecha que había iniciado la acción judicial a fin de evitar que prescriba el pago de dichos papeles.

En el 2003, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas estimó la deuda en 4,300 millones de nuevos soles, motivo por el cual era inviable el pago. La Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas también preparó un informe en el que precisa que “resulta inviable atender cualquier requerimiento de actualización del valor y pago de los bonos de la deuda agraria u otra obligación derivada del proceso de reforma agraria”.