(SENA-Fobomade, Erbol y Bolpress).- Prácticamente todos los gobiernos de Sudamérica, incluidos los “socialistas del Siglo XXI”, siguen creyendo que el aumento de las exportaciones de materias primas y la construcción de carreteras aseguran el “desarrollo” económico. Por esa razón, el neoliberal Alan García y el “izquierdista” Evo Morales esgrimen los mismos argumentos para denostar a los indígenas y a las ONGs que se oponen al extractivismo minero y petrolero.
En 2009 el presidente de Perú Alan García denostó a los “agitadores violentistas y politiqueros” que soliviantaron a los nativos del municipio Bagua, ubicado en el departamento de Amazonas, para que se opusieran a la explotación de hidrocarburos. Dos años después, su homólogo Evo Morales acusó a ONGs de promover una campaña en contra de la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari (Cochabamba) – San Ignacio de Moxos (Beni), cuyo trazo está previsto que atraviese por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El gobierno neoliberal de García, afín a la política de Estados Unidos, denunció que los agitadores hicieron creer a los nativos que iban a quitarles la tierra y el agua, “lo cual no era cierto”. En esa misma línea, Morales, de ascendencia indígena y de tendencia socialista, dijo el 13 de julio de 2011 que está convencido de que detrás de los indígenas están ONG europeas que se oponen a la carretera del TIPNIS con “el argumento de preservar el medio ambiente”.
Tanto los indígenas peruanos de Bagua como los del TIPNIS en Bolivia reclaman el respeto a sus territorios y rechazan la explotación de recursos naturales y la construcción de infraestructura caminera en sus territorios por considerar que afectarán a su forma de vida y al ecosistema.
Ya en octubre 2009, los presidentes Rafael Correa de Ecuador y Morales de Bolivia denunciaron que las movilizaciones indígenas contra el “desarrollismo” no son más que “una nueva forma de conspiración de think tank y ONGs financiadas por transnacionales de extrema derecha y por agencias de inteligencia”.
Morales dijo tener pruebas de que algunos indígenas son “instrumentos del imperialismo” y reciben fuertes sumas dinero de ONGs “que vienen a envenenar a los pueblos”. “Son gringuitos que vienen a crear disturbios y quieren imponer aquí lo que nunca lograron en sus países”, opinó Correa.
Luego de los violentos disturbios en Bagua el 5 de junio de 2009, que dejó como saldo 12 policías y 10 indígenas muertos, el presidente peruano afirmó que los nativos no tenían derecho a bloquear una carretera en rechazo a dos decretos que autorizaban la explotación de hidrocarburos en ese territorio indígena.
“Cuatrocientos mil nativos no pueden decir a 28 millones de peruanos: ‘tú no tienes derecho a venir por aquí’; de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piensa de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo”, fustigó en esa oportunidad el gobernante peruano.
Con la misma lógica “neoliberal”, el viernes de la semana pasada el ministro boliviano de la Presidencia Carlos Romero aseveró que el Estado no puede someterse a la voluntad de una comunidad indígena que se opone a la construcción de la carretera a través del TIPNIS, y que exige ser consultada antes del inicio de obras, tal y como establecen las leyes nacionales y los convenios internacionales.
“En ninguna parte del mundo la consulta es vinculante porque un Estado no podría someterse a la decisión de una comunidad local, sea indígena o no indígena. Son políticas de Estado (la construcción de la carretera) y ese es el espíritu del Convenio 169 (de la OIT); no hay posibilidad de veto”, enfatizó Romero en contacto telefónico con Erbol.
En 2010 Alan García bloqueó la Ley de Consulta Previa en Perú, devolvió la norma al Legislativo con varias observaciones, y recomendó a los legisladores que pongan en claro que los indígenas “no tienen derecho a veto” y que la decisión final en los temas consultados le corresponde al Poder Ejecutivo.
García objetó la ley de Consulta supuestamente porque “implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país”. Fue por demás sugestivo que los presidentes del ALBA apelaran al mismo argumento “neoliberal” para invalidar las demandas indígenas en Bolivia y Ecuador.
“No aceptaremos que el Ejecutivo tenga que pedirle permiso a tal o cual gremio para gobernar”, advirtió el presidente Rafael Correa en la X Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y del Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA- TCP).
Estamos “del lado de los históricamente excluidos, pueblos indígenas, el pueblo afrodescendiente....”, pero sin privilegiarlos por encima de otras culturas, subrayaron los presidentes en la declaración de la X Cumbre del ALBA, celebrada en 2010 en Ecuador.
La declaración de la X Cumbre precisa que los usos y costumbres consuetudinarios de los pueblos indígenas deberán respetar las normas constitucionales y legales vigentes; y que el Estado se encargará de la administración y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, de acuerdo al interés de sus pueblos y la sociedad en su conjunto, “y no a uno o varios grupos o sectores sociales o económicos”.
El mensaje de los presidentes de “izquierda” fue claro y contundente: A partir de ahora el Estado tendrá “la última palabra” en los procesos de consulta y aprobará proyectos petroleros, mineros o forestales en territorios indígenas por necesidad pública, coincidiendo plenamente con la posición del “derechista” Alan García.
En 2010, varias autoridades del gobierno boliviano, entre ellas el presidente de YPFB Carlos Villegas, comentaron de manera insistente que la licencia ambiental y el derecho a la consulta se había convertido en un “obstáculo” para la inversión petrolera. El propio Presidente Morales llegó a decir que el derecho a la consulta “es una pérdida de tiempo” porque demora la inversión minera e hidrocarburífera y “obstaculiza el desarrollo de Bolivia”.
El derecho a la consulta está absolutamente garantizado por el Estado, pero debe ser reglamentado “porque ha sido mal manejado”, opinó el viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez, y anunció que en los futuros procesos de consulta se reconocerán los derechos indígenas, pero se privilegiarán los intereses del Estado, que precisa “agilizar la inversión” sobre todo en el sector petrolero.
Neoliberales y “socialistas” obnubilados por el “desarrollo”
“Antes los imperios venían a Bolivia e imponían políticas de la muerte, sin respetar los recursos naturales, el medio ambiente y la Madre Tierra. Con su desarrollo industrial irracional contaminan el ambiente, destruyen a la humanidad y al planeta tierra porque para el capitalismo la tierra es una mercancía…”, se lamentaba el Mandatario boliviano en diciembre de 2009.
“El hombre tiene derechos económicos, políticos, sociales, es decir derechos humanos, pero por encima de esos derechos están los derechos de la Madre Tierra… Ese es el único camino para asumir los retos del desarrollo sin dañar a la naturaleza”, predicaba Morales hace apenas un año.
Sin embargo, el Presidente indígena cambió de libreto en su segundo mandato y ahora defiende a capa y espada las “concesiones” extractivistas y las inversiones de transnacionales petroleras y mineras.
“Cuando queremos construir caminos no faltan hermanos indígenas que no quieren; cuando queremos explorar petróleo, tampoco quieren; cuando queremos instalar plantas hidroeléctricas también se oponen… No puedo entender que representantes de algunos grupos de hermanos indígenas del oriente, de la amazonia y del norte paceño, influidos por algunas ONG, se opongan al desarrollo que requiere el pueblo boliviano…”, reflexionó el Presidente Morales la semana pasada.
La política del gobierno es preservar la naturaleza, pero también es su obligación fomentar el desarrollo: “Necesitamos del desarrollo para tener escuelas, hospitales, para tener mejor comercio, telefonía, educación para los hijos; necesitamos estas carreteras para un mejor transporte…”, argumentó el Vicepresidente Álvaro García Linera.
En ese marco, la construcción de la ruta del TIPNIS “no es un tema político; es un asunto reivindicatorio de dos departamentos que necesitan la carretera para promover su desarrollo. El gobierno está abierto al diálogo sobre la construcción de la carretera, pero no frenará el desarrollo regional”, reiteró el ministro de Comunicación Iván Canelas.
El asambleísta Juan Carlos Cejas (MAS) recalcó que no sólo los indígenas del TIPNIS tienen derechos, sino también todos los sectores sociales que se beneficiarán con la nueva vía. Por todo eso, los comunarios del TIPNIS no tienen otro camino que “ceder ante el progreso”, arengó el jefe de bancada del MAS en el Senado Isaac Ávalos.
En conclusión, el interés prioritario del recién fundado Estado Plurinacional de Bolivia ya no es preservar los territorios comunitarios de los pueblos indígenas como fuente de identidad y sustento del “socialismo comunitario”, sino acelerar la extracción y la exportación de minerales, hidrocarburos y otros recursos naturales.
En otras palabras, al gobierno indígena no le importa chocar con los pueblos originarios o manosear a la Madre Tierra con tal de satisfacer los intereses materiales de las transnacionales, de la empresa privada local y de la nueva burguesía campesina.
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