Azucar, policias, vicepresidentes e investigaciones

por: Jose Alejandro Godoy

El sábado, IDL-Reporteros soltó una bomba periodística. Romina Mella, periodista de esta publicación electrónica, contó las supuestas presiones ejercidas por el hermano y el primo del segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade Moya, al general PNP Guillermo Arteta, para que interviniera en un operativo policial para que el grupo Wong tome el control final de la Empresa Azucarera Andahuasi.

Aunque, de acuerdo con el relato, Chehade no estuvo presente en el momento en que sus familiares hablaron del caso Andahuasi con tres altos mandos policiales, el vicepresidente participó en una cena celebrada a inicios de octubre en la que estuvieron sus familiares junto a tres altos mandos policiales: Arteta, el hoy director general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Salazar Salazar y el general PNP Abel Gamarra Malpartida. De acuerdo con el reportaje, el objetivo era que Arteta, entonces jefe de la Dirección Territorial de Lima Norte, bajo cuya jurisdicción se encuentra la codiciada azucarera, autorizara el operativo de toma de la empresa a favor del grupo Wong.

Arteta, considerado como uno de los oficiales más probos y diligentes del alto mando de la PNP de los últimos años, se negó a hacer el operativo sin una orden judicial clara y tampoco aceptó la oferta de una bonificación económica para los miembros de la Policía que participen en la toma de Andahuasi.

Una semana después de rechazar la oferta, Arteta fue uno de los 30 generales que pasaría a retiro en la poda policial anunciada por el Ministro del Interior Óscar Valdés. Y aunque la poda afectó a todos aquellos que fueran más antiguos que el hoy director general Salazar - incluyendo a oficiales probos y otros que merecían una investigación -, el reportaje se termina preguntando si es que este hecho no tiene alguna relación con esta negativa.

Hasta aquí el resumen del reportaje. Frente al mismo. a regañadientes, Daniel Abugattás ha señalado que el caso se va a la Comisión de Ética del Congreso de la República. Ya algunos parlamentarios como Yohny Lescano y Marisol Pérez Tello demandan una explicación mayor. El procurador anticorrupción Julio Arbizu ha indicado que el Ministerio Público debe actuar de oficio en este caso.

Dos hechos complican más la situación de Chehade. El primero, la confirmación dada por el general Arteta de la versión dada por IDL - Reporteros, con una sola diferencia: que Chehade sí habría estado presente al momento de la propuesta de su hermano a favor del grupo Wong. Hasta el momento, Chehade no ha dicho una sola palabra sobre su caso.

El segundo fue señalado esta mañana por Glatzer Tuesta, conductor y director del programa radial “No hay derecho”, al recordar estas declaraciones de Chehade brindadas la semana pasada, cuando se conoció que Raúl Salazar era el nuevo Director General de la PNP y, ahora sabemos, una semana después de la famosa reunión en el Brujas de Cachiche:

El nombramiento del general Raúl Salazar como director de la Policía Nacional no debería sorprender porque tiene un buen legajo de vida y su supuesta cercanía con el exmandatario Alan García nos tiene sin cuidado, sostuvo el segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, al descartar que el oficial tenga responsabilidad en el caso de la muerte del barrista Walter Oyarce.

Fue al comentar el pase al retiro de 30 generales de carrera y al referirse a los cuestionamientos surgidos contra Salazar Salazar, quien integró el grupo de seguridad de Palacio de Gobierno entre el 2007 y el 2010, y fue –como jefe de la Sétima Región de Lima Sur– responsable de la seguridad del estadio Monumental, donde murió el joven aliancista.

“Tengo entendido que ha habido una evaluación profunda por parte del ministro del Interior, por parte del presidente Ollanta Humala y han tenido por conveniente ascender a personalidades, en otros casos de ponerles punto final a otras. Yo creo que hay que confiar en la decisión del presidente Humala y del ministro del Interior; ha sido una evaluación bastante minuciosa que ha demorado varias semanas, creo yo que hay que esperar los resultados”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Hay que respetar la decisión del presidente de la República y en el caso del general Salazar independiente de lo que se ha señalado, tiene un buen currículo, es un buen profesional, es una persona que ha seguido muy de cerca los principales acontecimientos de seguridad en el país; y teniendo un buen currículo y un buen legajo de vida, yo creo que su ascenso y su nombramiento como director de la general de la Policía no debería sorprender”, agregó.

Y existen tres temas de fondo que no deben perderse de vista al momento de ver este caso. Temas que van más allá del escándalo y que, a mi modo de ver, deben ser aclarados por los actores involucrados en esta reunión.

LA PODA POLICIAL

Como ha indicado Carlos Basombrío, resulta cierto que, ante la alta cifra de generales y coroneles que existen en la Policía Nacional, es necesaria una reducción del alto mando policial. Sin embargo, la misma se ha hecho en forma abrupta y sin tener claro que es lo que se quiere hacer con dicha poda. Comenta Gustavo Gorriti:

El único criterio que definió la purga fue el cronológico: si eres más antiguo en el grado de general que Raúl Salazar, el nuevo director general, estás fuera. Si eres más reciente (de dos años para abajo en el puesto), bueno o malo, te mantienes en servicio activo.

Se dirá que cuando se nombra a un general como director general (en el caso de la PNP) o comandante general (en el caso de las FFAA), los más antiguos en el grado pasan necesariamente al retiro.

Pero entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Poner a generales junior en el comando o mejorar la seguridad ciudadana y luchar contra la corrupción?

Hasta ahora, lo único claro es que en el Ministerio del Interior, además de la inexperiencia, ha regido la arbitrariedad como sistema.

En eso el caso de Arteta resulta sintomático de cómo la arbitrariedad y la politiquería terminan siendo nefastas para la seguridad ciudadana. Lejos de los - por decir lo menos - controvertidos métodos policiales atribuidos al coronel Elidio Espinoza (absuelto en primera instancia de un caso judicial por la presunta existencia de escuadrones de la muerte en Trujillo), Arteta en su estadía por la ciudad de la marinera norteña empleó otro estilo: el trabajo con los alcaldes y con las juntas vecinales. Una fórmula que resultó durante los 8 meses que estuvo en el cargo.

Arteta salió, de acuerdo con otra investigación de IDL - Reporteros, por otro motivo: no sumarse al coro aprista que quería petardear la candidatura de César Acuña a la reelección como alcalde de Trujillo. Eso le costó su traslado a Tumbes y a Trujillo, un cambio más que afectó su ya maltrecha seguridad ciudadana. Y en este gobierno, durante un mes, estuvo en la jefatura de Lima Norte, una plaza en la que aplicaría sus conocidos métodos de trabajo, en zonas bastante calientes de la capital del Perú.

De allí que las explicaciones del ministro Valdés, más allá de las cifras, sean necesarias caso por caso.

EL CASO ANDAHUASI

En los últimos años, el negocio azucarero ha tenido bastantes réditos en términos económicos. Y una de las plazas más codiciadas ha sido la Empresa Azucarera Andahuasi. En julio de 2009, Luis Navarro informaba lo siguiente para la revista Poder:

En mayo, las portadas volvieron a tener como protagonista a una hacienda azucarera, cuando una junta tomó de facto la dirección del ingenio limeño Andahuasi. Días antes, la familia Wong había adquirido un importante paquete de acciones y pugnaba por hacerse del control. Pero una directiva paralela, encabezada por el inversionista Manuel Bustamante, asumía el mando pese a no ser reconocida por el regulador del mercado de valores, Conasev.

En el directorio no reconocido figuraban personajes identificables. El ex ministro aprista Hernán Garrido Lecca, el ex dirigente de Casagrande Greco Quiroz y el mismo Manuel Bustamante.

Pocos meses después, en otro reportaje de Poder, se informó que los grupos Wong y Bustamante habían decidido compartir la administración de la empresa, en tanto el lío se resolviera. Pero las disputas continuaron y la Corte Suprema terminó reconociendo al directorio nombrado por el grupo Bustamante. Como vemos, la paz está lejos de la codiciada empresa.

Para complicar más las cosas, si algunos familiares de los Chehade estarían presuntamente involucrados en presiones a favor de los Wong (quienes a título individual apoyaron económicamente la campaña de Keiko Fujimori), el otro lado de esta historia también tiene un representante en Gana Perú. El parlamentario Wilder Ruiz Loayza era, hasta su elección, miembro del directorio de Andahuasi nombrado por el grupo Bustamante. Como se sabe, Ruiz Loayza es uno de los parlamentarios con procesos judiciales e investigaciones judiciales pendientes.

LA COMISION GARCIA

Este caso complica la permanencia del vicepresidente Chehade en la Comisión Investigadora del gobierno de Alan García. Y es que por lo menos dos casos vinculados al azúcar podrían ser materia de las indagaciones de esta comisión.

La primera de ellas es la famosa Ley Oviedo, impulsada por algunos parlamentarios apristas. Dicha norma tenía varios inconvenientes que reseñamos en una columna de febrero de 2011:

Esta semana, Ricardo Uceda presentó una extensa investigación en la revista Poder que permitió corroborar las afirmaciones brindadas por el gobierno en el documento de observación. El reportaje señala porque la norma debería ser rechazada, al extender por en un año más un régimen “temporal”, que no permite embargar por deudas – a pesar que las mismas se han incrementado – y que no incentiva la inversión, a pesar que Oviedo sigue ganando.

En el fondo, lo que tenemos en el referido proyecto de ley es un régimen paralelo a las normas de procedimiento concursal, creadas justamente para viabilizar la recuperación de una empresa en problemas o brindarle una salida ordenada del mercado. Con ello, la autoridad de INDECOPI quedaba mellada.

Todo un caso en el que debe verse sí es que se terminó causando un perjuicio patrimonial al Estado y, de ser el caso, en cuanto estaría avaluado dicho perjuicio.

Un segundo punto vinculado con el mercado azucarero es el caso BTR. De acuerdo con investigaciones del periodista Ángel Paez, una de las empresas interceptadas fue Empresa Agroindustrial Laredo, de capitales colombianos y vinculada al mercado azucarero. Esta empresa era competidora del grupo Gloria, de propiedad de la familia arequipeña Rodríguez Banda, con quien se disputaba comercialmente la adquisición de accciones en la azucarera Cartavio, que actualmente está en poder del grupo arequipeño.

A pesar que varios testigos en este caso han señalado a Gloria como posible financista del espionaje industrial, este grupo empresarial ha negado en todos los idiomas alguna participación. Y el caso BTR estará, con sus varias conexiones, dentro de la mira del grupo de trabajo parlamentario.

COLOFON

De allí que sea necesario que Chehade brinde sus descargos sobre este tema. Pero creo yo que el asunto es tan grave que, como mínimo, debe dejar la comisión investigadora del caso García y tendrá que someterse a todas las investigaciones pertinentes como varios de sus colegas parlamentarios. Y creo yo que con este caso que se verá la real dimensión de los compromisos anticorrupción de Ollanta Humala. Una cosa es que separen a parlamentarios que, habiendo cometido serias faltas, no tenían un peso político y económico fuerte. Y otra cuando se trata del segundo vicepresidente de la República y un caso que involucra a importantes grupos económicos.