Un informe del Fondo Patrimonio Natural, Gaia Amazonas, Ilsa y Alisos reveló que en 2030 más de la quinta parte de la selva colombiana desaparecerá debido a la falta de control en la extracción de recursos no renovables, así lo informó la revista Semana.
Según la publicación, el aumento de la minería ha sido desproporcional. Mientras que entre 1988 y 2005 se concesionaron 209 hectáreas por año, en 2006 se dieron 16 mil y en 2010 se llegó a 48 mil. Muchas de las licencias fueron concedidas ilegalmente dentro de Parques Naturales y otras forman un cordón alrededor de ellos en varios miles de hectáreas.
Estas actividades también han alterado la vida de los pueblos indígenas, quienes habitan los alrededores de zonas petroleras o mineras. Sumado a las industrias extractivas, se encuentran las obras de infraestructura como las carreteras que en algunos casos supone una mejor conexión entre poblaciones, pero representa también una amenaza para ecosistemas intactos.
El informe también resalta al narcotráfico como una de las amenazas principales. “Un enclave minero en la mitad de la selva deforesta miles de hectáreas. No hay una experiencia en el mundo en que los efectos no hayan sido depredadores”, señaló el exministro de Ambiente de Colombia, Manuel Rodríguez.
Finalmente, se advierte que el vecino país se encuentra actualmente en un dilema para definir cómo administrará las riquezas minera y ambiental. Por un lado, se busca lograr que la conservación de bosques sea tan rentable como su explotación. Sin embargo, los estímulos de bonos de carbono no han dado los resultados que la comunidad internacional esperaba.
La otra opción, sería la extracción a rajatabla, lo cual sería desastrosa. La tercera alternativa sería que el Estado garantice que las operaciones se hagan con el menor impacto ambiental posible otorgando compensaciones a las comunidades de las zonas afectadas.
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