Entrevista a Humberto
Campodónico. Catedrático de Economía. Presidente de Petroperú durante el
gobierno de Humala
El
economista Humberto Campodónico sostiene que la decisión del gobierno de firmar
la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero no ha sido la mejor.
Señala que el Estado debió llevar este caso ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
No
es la mejor solución. El contrato establecía claramente que el concesionario
debería aportar el financiamiento para las obras del aeropuerto. Cuando
presenta una propuesta de cierre financiero, eleva considerablemente el monto
que el Estado debe devolver, que son como 500 millones de dólares. El tema son
los intereses.
El ministro Vizcarra manifiesta
que el problema se origina porque el contrato no fija un tope de intereses.
Esa
interpretación del gobierno no se condice con lo establecido en el contrato y
que, desde mi punto de vista, lo señala claramente la ex jefa del Ositran
Patricia Benavente. Ella cita una serie de documentos en los que se argumenta
que sí se contemplan los intereses. Hay una discrepancia en lo que el gobierno
dice una cosa, pero hay argumentos que establecen lo contrario. El gobierno no
tiene la razón porque está tomando argumentos del concesionario, cuando hay
documentos en que sí estaba claramente especificado.
El gobierno señala que la
Contraloría advirtió antes de firmar el contrato que había ambigüedades sobre
el tope de la tasa de interés, ¿no hubo irresponsabilidad de Proinversión al
diseñar el contrato?
El
sistema de la Asociación Público Privada tiene que ser revisado, desde el
esquema, pago por obra, adendas, tasa de interés, etc. En este caso, la tasa de
interés no era del 21%, sino una tasa a la que se podía añadir un 2,5%. Aquí
viene la divergencia y es lamentable porque este tema se ha podido llevar al
CIADI y teníamos toda la posibilidad de ganarlo. Hay discrepancia, el ex
ministro Alonso Segura lo ha dicho y el congresista García Belaunde también.
Al contrario, el gobierno dice
que ir al CIADI significaba perder y retrasar el proyecto.
No.
Esa es la posición del gobierno y está equivocada. Había todas las de ganar
porque había todos los requisitos establecidos en el contrato y las
resoluciones de Ositran. El gobierno está tomando el camino equivocado. Otro es
que el gobierno al asumir los 265 millones de dólares modifica el contrato
porque está alterando la participación en riesgo de cada una de las partes.
Está asumiendo la mayor parte del riesgo y no debe cambiarse por una adenda. Lo
mejor es que se haga como obra pública y luego concesionar la operación.
Resolver el contrato en estas
condiciones retrasaría el proyecto dos o tres años.
No,
eso es lo que dice el gobierno. Si uno va al CIADI, puede continuar con la
obra.
Pero el proyecto lo tiene el
concesionario.
Pero
el tema es que en su cierre financiero han presentado algo que no se establecía
en el contrato y han demorado los plazos establecidos, y había manera de
justificar la caducidad del contrato. Como el gasoducto sur, no puede llegar al
cierre en la fecha prevista y el contrato caduca.
El problema es que este
contrato no tenía fecha de cierre como en el gasoducto.
En
todo caso hay argumentos legales de un lado y de otro, y el gobierno asumirá su
responsabilidad en lo que corresponde. Hemos tenido un postor con una oferta
agresiva y después presenta una adenda. Ellos conocen bien este tema porque han
participado antes en otros contratos, como en el puerto de Paita y aeropuertos
del sur.
¿La responsabilidad no es del
ex presidente Humala por diseñar un mal contrato?
No,
porque el gobierno de Humala no lo firmó (la adenda). Pudo haber errores de un
lado o de otro, pero acá se quería que el Estado pague una cantidad mayor.
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