Pronunciamiento
Ante los graves hechos de corrupción promovidos por las empresas constructoras Odebrecht y Camargo Corrêa, y el terrible impacto de estos casos sobre nuestro país y sus instituciones, las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos al país para expresar que:
1.
La corrupción promovida por las empresas Odebrecht y Camargo Corrêa constituye
el mayor caso de corrupción de la historia sudamericana. En Perú, es el proceso
más grande después de la sistémica corrupción del período fujimorista. Pese a
ello, el tipo de corrupción al que nos enfrentamos tiene un rasgo distinto a la
de los noventa en Perú: esta vez no es el Estado el principal corruptor, sino la
gran empresa privada: Odebrecht ha reconocido haber pagado coimas por, al
menos, 29 millones de dólares entre los años 2005 y 2014, y se ha acreditado
las mismas prácticas de Camargo Corrêa en años recientes. Sin embargo, ambas
operan en Perú desde 1978. Por ello, exigimos que las investigaciones
involucren todos estos períodos y no se direccionen políticamente solo sobre
algunos personajes y gobiernos, como pretende hacerlo la Comisión Lava Jato del
Congreso de la República.
2.
Demandamos que las investigaciones deriven en reformas que aborden los aspectos
estructurales que han motivado y facilitado la corrupción, y han derivado en
que hoy sea parte de una estrategia de inversión que pretende maximizar las
ganancias privadas violentando los mecanismos institucionales, pervirtiendo al
funcionariado público, acallando las voces críticas y reprimiendo toda acción
ciudadana de vigilancia y cuestionamiento, como ocurre en el caso de los
megaproyectos. En este sentido, las medidas a tomar rebasan los aspectos procesales
y deben avanzar sobre cambios en el modelo económico, de promoción de la
inversión y la desaparición de las asociaciones público-privado. El Estado debe
responder a la ciudadanía y al interés público, y tomar distancia de los
intereses particulares que lo han pervertido para delinquir y atentar contra
los derechos fundamentales de las poblaciones más excluidas del crecimiento y
desarrollo del país, ampliando las brechas y desigualdades.
3.
No toleramos más la impunidad. Históricamente, como sociedad hemos desarrollado
cierta tolerancia a la corrupción, tal como lo evidencian importantes
investigaciones académicas. Sin embargo, acontecimientos como los de Puente
Piedra llaman la atención sobre el creciente hartazgo ciudadano y el desarrollo
de una conciencia cada vez más amplia del impacto de la corrupción sobre
nuestras vidas, escasos recursos y posibilidades de desarrollo. Por ello,
demandamos al Ministerio Público que el proceso de investigación se lleve en
forma ejemplar, a la Procuraduría Anticorrupción que defienda de manera
absoluta los intereses del Estado que son los de todas y todos los peruanos, y
al Poder Judicial que sancione ejemplarmente a todos los responsables,
empezando por los ex-Presidentes de la República presumiblemente implicados.
Tenemos el derecho y el deber de conocer las razones y el camino del latrocinio
peruano.
4.
Alertamos a toda la ciudadanía de las presiones políticas sobre el proceso de
investigación. Resulta escandaloso que el Congreso de la República -que
desestimó la investigación de la Comisión Pari llevada a cabo por el Congreso
anterior, y que encontró responsabilidad de los gobiernos de Alejandro Toledo,
Alan García y Ollanta Humala en los hechos de corrupción de las empresas
brasileñas- ahora pretenda obstaculizar la labor del Ministerio Público y la
Procuraduría Anticorrupción. No solo hay oportunismo político, sino también una
voluntad expresa por desvirtuar y viciar la investigación. Nos mantendremos
vigilantes para que los operadores de la corrupción en el Congreso y el sistema
de justicia no vuelvan a engañarnos.
5.
Exigimos al gobierno que asuma su responsabilidad en la lucha contra la
corrupción: es ahora o nunca. Es urgente el fortalecimiento del Ministerio
Público, el Poder Judicial y la Procuraduría que tienen a su cargo estos casos.
El Ejecutivo, y en especial el Presidente de la República, no pueden limitarse
a “respetar los fueros de cada institución”: debe asumir su rol de garante de
la soberanía nacional y los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos, y por ello
respaldar y otorgar los recursos necesarios para que todas estas
investigaciones culminen en un proceso judicial que sancione a todos los
culpables, así como en reformas estructurales que sean realmente implementadas.
Convocamos
a toda la ciudadanía, a las y los jóvenes, mujeres, trabajadores, a las fuerzas
democráticas del país, a las organizaciones sociales, organizaciones políticas,
colectivos y movimientos sociales a sumar esfuerzos y participar activamente en
la lucha contra la corrupción. Es el momento de la voz de la calle, es el
momento de la ciudadanía indignada.
Lima,
8 de febrero de 2017
SUSCRIBEN:
Asociación
Servicios Educativos Rurales – SER
Asociación
Nacional de Centros – ANC
Asociación
Pro Derechos Humanos – APRODEH
Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP
Asociación
por la Vida y la Dignidad Humana – APORVIDHA
Centro
Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
Central
General de Trabajadores del Perú – CGTP
Centro
de la Mujer Peruana Flora Tristán
Centro
de Investigación Social y Educación Popular Alternativa
Centro
de Investigación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos – CIPEDEH
Centro
de Desarrollo Étnico – CEDET
Centro
de Políticas Públicas y Derechos Humanos – PERÚ EQUIDAD
Colectivo
La Ruiz
Comisión
de Derechos Humanos – COMISEDH
Comisión
de Justicia Social – Chimbote
Comisión
Diocesana de Servicio Pastoral Social – CODISPAS
Consejo
de Estudiantes de la UARM
Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
Coordinadora
Contra la Impunidad – CCI
CooperAcción
Derechos
Humanos y Medio Ambiente – DHUMA
Derecho,
Ambiente y Recursos Naturales – DAR
Derechos
Humanos Sin Fronteras – DHSF
Earth
Rights International – ERI
Estudio
para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS
Federación
de Estudiantes de la PUC – FEPUC
Federación
Universitaria de San Marcos – FUSM
Federación
Nacional de Trabajadores Telefónicos – FETRATEL
Foro
Salud
Forum
Solidaridad
Fomento
de la Vida – FOVIDA
Fundación
Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
GRUFIDES
Instituto
de Defensa Legal – IDL
Instituto
de Fomento de una Educación de Calidad – Instituto EDUCA
Instituto
Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz – IPEDEHP
Instituto
de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible – IDLADS PERÚ
Instituto
Promoviendo Desarrollo Social – IPRODES
Instituto
Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género – RUNA
Keiko
No Va
Mujeres
con Discapacidad Frida Kahlo
Mujeres
Resistencia
Paz
y Esperanza
Red
Muqui
Red
para la infancia y la familia – REDINFA
Sense
Internacional – Perú
Servicio
Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad – SEDYS
Sindicato
Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú – SUTEP
Sindicato
Único de Trabajadores de Sedapal – SUTESAL…..continúan adhesiones.
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