Una medida cautelar a favor de las autoridades y miembros de pueblos indígenas, comunidades y rondas campesinas, así como de la población de Cajamarca fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las organizaciones que integran el llamado Pacto de Unidad.
La solicitud procura que se resguarde en forma urgente los derechos fundamentales de los cajamarquinos “que se encuentran en grave peligro por la represión ordenada por el Estado peruano para imponer la ejecución del megaproyecto Conga-Yanacocha que no ha sido consultado ni cuenta con el consentimiento de los pueblos afectados”, señala la misiva.
El petitorio suscrito por los principales dirigentes indígenas del país solicita que se demande al Estado peruano el cese de la represión contra los pueblos de Cajamarca, el retiro inmediato de las fuerzas policiales y militares de la laguna Perol y Azul, y que se dejen sin efecto legal las licencias y derechos otorgados a la empresa minera Yanacocha para ejecutar el megaproyecto minero Conga.
Esta acción fue parte de los acuerdos a los que llegaron los indígenas durante el encuentro que sostuvieron la semana pasada para discutir una propuesta con los principios mínimos no negociables con miras a elaborar el reglamento de consulta previa.
Para los líderes y apus del país se requiere tomar acciones urgentes para proteger la vida, integridad y libertad de la población cajamarquina así como su derecho a definir su modelo de desarrollo.
Derecho a consentimiento
En la fundamentación se sostiene que el proyecto Conga debió contar con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afectados por tratarse de un megaproyecto que tiene un impacto significativo en las condiciones de vida y subsistencia de la población, así como por implicar el almacenamiento de materiales tóxicos y peligrosos resultado del relave de la actividad minera.
Por el contrario, los pueblos afectados no solo no han dado su consentimiento al megaproyecto Conga sino que se han pronunciado en contra, que ha derivado en la declaratoria del estado de emergencia por parte del gobierno.
El Pacto de Unidad está conformado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), las confederaciones campesina (CCP), agraria (CNA) y de comunidades afectadas por la minería (Conacami) y la organización de mujeres indígenas (Onamiap).
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