La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) establece, en su informe sobre el caso, que varias entidades y fundaciones en Santa Cruz realizaron movimientos económicos sospechosos entre el periodo de marzo de 2008 y abril de 2009. La información fue proporcionada por el fiscal Marcelo Soza Álvarez, director funcional de la investigación en el caso.
La UIF evidenció una vinculación económica establecida entre personas que manejaron recursos de la Fundación Amérida (Nota de CI: vinculada a la alemana Fundación Konrad Adenauer), CRE, Cotas, Fundación Pro Santa Cruz, Comité Pro Santa Cruz, Fexpocruz y Fundación Iberoamérica-Europa.
De acuerdo con la investigación, la Fundación Iberoamérica es manejada por Pablo Izquierdo, ex diputado del PP español y ex jefe e prensa de José María Aznar y tuvo de vicepresidenta a Ana Botella, la esposa del exmandatario. Esta Fundación fue investigada en España por la Intervención General del Estado por presuntas irregularidades en la gestión de las ayudas públicas.
Desde 1999, la Fundación Iberoamérica Europa ha recibido importantes subsidios de la Comunidad de Madrid presidida por la ultraderechista Esperanza Aguirre conocida por su apoyo financiero a organizaciones “anticastristas” vinculadas a la inteligencia norteamericana.
“Resalta de manera particular la financiación a través de donación o subvención de recursos económicos de la Fundación Iberoamérica-Europa a la Cainco y a personas como Jordi Castan, Marioly Rivera Dorado, Germán Hurtado Padilla, Cristina Andrea Prado Paz y Rosa María Áñez en Bolivia.
Asimismo, “sobresale el manejo de recursos en la cuenta 1041-245625, del Banco Económico S.A., registrada a nombre de la Fundación Amérida, cuyo objetivo social es asegurar y promover la democracia, libertad, integración e inclusión (…), siendo inusual la subvención de recursos económicos de la CRE a la fundación”.
El grupo de mercenarios, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, no actuaba sólo sino que tenía por detrás a grupos que financiaban económicamente sus actividades irregulares en el país.
“Aparte del grupo La Torre existían dos casas de campaña en Santa Cruz; esos dineros efectivamente han sido desviados al grupo de Eduardo Rózsa, para la división territorial de nuestro país”, mencionó el fiscal.
Soza informó que la comisión de fiscales que investiga el caso separatismo II ya recibió el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en el cual se da a conocer nombres y organizaciones que financiaban la célula.
El operador de justicia explicó que la comisión de fiscales continúa analizando el informe de la IUF y hasta el momento se identificaron a personas y organizaciones que desembolsaron recursos destinados al grupo irregular.
El fiscal señaló que aguarda fecha de la audiencia conclusiva.
“Estamos en la parte de publicación de la acusación, que ha sido salvada en las observaciones de forma. Se ha notificado personalmente o en el domicilio procesal a los acusados que están en el país, a los que están en los penales y los que están libres o con medida sustitutiva”, finalizó.
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